España ha dado grandes pasos en la lucha contra el cambio climático con la reducción de la contaminación industrial o la reducción del uso del coche en las grandes ciudades, pero tiene una asignatura pendiente: la rehabilitación de edificios. Reducir la huella de carbono de las construcciones es una de las principales metas de la Unión Europea, ya que las viviendas son responsables del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.
España va tarde en la denominada Transición Verde, ya que ocho de cada diez edificios son ineficientes en términos energéticos debido a su antigüedad, por lo que se debe impulsar una política más ambiciosa en rehabilitación de edificios bajo la premisa de que “no hay energía más limpia que la que no se consume”. La rehabilitación no solo reduce la contaminación atmosférica sino que atenuará la pobreza energética y mejorará la calidad de vida porque extiende sus mejoras a otras prestaciones.
Ejemplos prácticos demuestran que aislar una fachada con paneles como los que fabrica Termopiedra lleva a incrementar en varios grados la temperatura en el interior de los pisos y por lo tanto a reducir las emisiones y el gasto en calefacción.
En la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea, se estima que solo la intervención en la envolvente térmica de viviendas movilizará una inversión de 27.112 millones de euros y generará cerca de 50.000 puestos de trabajo en los próximos años. Además, el ahorro energético propiciará un aumento en la renta disponible de los hogares en todos los tramos de renta, pero con una incidencia sensiblemente superior en los tramos más bajos.
Es una obligación de los países más desarrollados impulsar nuevas formas de construcción más limpias y eficientes, pero el verdadero reto está en la rehabilitación de un parque de viviendas caduco que consume y contamina en niveles inaceptables.